Años de otorgar bonos a los jubilados y pensionados que cobran la mínima incubaron un conflicto que crece como una bola de nieve y puede derivar en otra oleada de juicios contra el Estado argentino por un trato desigual que provoca una “achatamiento” de la pirámide de haberes jubilatorios.
Desde hace años, el kirchnerismo impulsó la entrega de sumas fijas sólo a los haberes mínimos para tratar de apaciguar las quejas crecientes contra el retraso en los haberes en un escenario inflacionario.
Esto provocó una desigualdad en el trato de las distintas escalas jubilatorias, de tal forma que miles de adultos mayores que cobraban un poco más que la mínima, terminan viendo como otros, que perciben la jubilación mínima, se beneficiaban con el pago de un bono, como el que se otorgó ahora de $55.000 junto con los haberes de enero.
Así, por el achatamiento de los haberes jubilatorios, todo indica que habrá nuevos juicios de jubilados. Es que el otorgamiento de bonos a los jubilados y pensionados de haberes mínimos -que pasó a ser permanente todos los meses desde septiembre de 2022- llevó a que “un jubilado que cobraba 2 mínimos en agosto de 2022, en diciembre de 2023 pasó a cobrar el equivalente a 1,32 mínimos; mientras que el que cobraba 3 mínimos, recibió 2 mínimos, y el que cobraba 4, ahora pasó a 2,6”, de acuerdo con los cálculos del abogado especializado Guillermo Jauregui.
Para este abogado, queda clara la magnitud del achatamiento que se está produciendo, y que se encuentra en pugna con la letra del art. 8º de la ley de movilidad vigente.
Este achatamiento se mantiene en enero 2024 porque el Gobierno prorrogó el bono de hasta $55.000 sólo para los haberes más bajos que se había dispuesto para diciembre 2023.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria y la detención de Fabián Rodríguez, el funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que quedó involucrado en una presunta trama de espionaje a jueces que gira en torno al accionar de un exagente policial con vínculos con la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Ariel Zanchetta.
Según el dictamen que firmó Pollicita, Rodríguez, también conocido como “el Conu” aparece en chats con Zanchetta, a quien comenzaron a investigar por el hackeo del teléfono del exministro porteño Marcelo D´Alesandro. El funcionario le pide al espía –que también tenía una faceta periodística- información sobre Victoria Tolosa paz, que en ese momento había asumido como ministra de Alberto Fernández.
Zanchetta está detenido pero en los allanamientos que hicieron hasta ahora no dieron con Rodríguez. Por eso, Pollicita solicitó nuevos allanamientos, esta vez en el domicilio particular del funcionario “todo ello a los efectos de garantizar su sujeción al proceso y obtener elementos probatorios que resultan de interés para la investigación”.
El fiscal había señalado que Rodríguez no solo accedió a la producción de Zanchetta. Además, le pidió que investigara a Victoria Tolosa Paz cuando se hizo público que ella iba a ser ministra de Alberto Fernández, y lo financió “a través del otorgamiento de pauta oficial” al sitio “Enclave.ar.
En forma paralela, Pollicita pidió un informe detallado de los ingresos y egresos de fondos del policía retirado Ariel Zanchetta, preso por espionaje ilegal, y de todo su grupo familiar para investigar quiénes financiaban sus actividades, que incluyeron la elaboración de informes sobre políticos de primera línea y también de jueces de la Corte.
El trabajo lo está haciendo desde hace semanas un organismo técnico del Ministerio Público Fiscal, pero Pollicita solicitó ahora que se puntualice en los ingresos de dinero para determinar si Zanchetta cobró fondos provenientes del Estado.
Tras el revés que recibieron por parte de los intendentes bonaerenses para “jugar” políticamente solo con una lista, desde el sector que encabezan Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz confirmaron que se presentarán en estas horas ante la Justicia para cuestionar la integración de las minorías y los avales requeridos dentro de Unión por la Patria (UP).
Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien explicó que una parte de la presentación es en la Justicia Electoral Nacional porque es la que tiene que ver con los cargos federales, mientras que la otra parte tiene que ver con los cargos de la provincia de Buenos Aires será en la Junta Electoral bonaerense.
“Acordamos de palabra y luego se cagaron en todo. El responsable es el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Vamos a hacer el planteo por escrito en la Justicia por todas las trabas que nos generaron para participar. Igualmente, Scioli y todos los compañeros van a competir”, afirmó el apoderado legal del embajador en Brasil.
En concreto, el escrito que les corresponde a las listas que colgarán de la boleta de Scioli está a cargo suyo. “Desde La Cámpora han cambiado las reglas de juego y, por eso, cuando no hay forma de resolverlo, hay que hacer una presentación en la Justicia”, reiteró el ministro de Seguridad.
Distintos referentes opositores cuestionaron ayer del mensaje por cadena nacional en el que el presidente Alberto Fernández acusó a la Corte Suprema de Justicia de dejar a la democracia “como rehén de un grupo de jueces” a raíz del fallo en el que suspendió las elecciones de este domingo en Tucumán y en San Juan.
“Presidente, un cambio total y duradero lo incluye a usted dejando de atentar contra la división de poderes. Acá los únicos rehenes somos los argentinos, rehenes de su incapacidad de gobernar”, lanzó el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
Más tarde, la precandidata a presidenta Patricia Bullrich también escribió en su cuenta de Twitter en ese sentido. “Los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces”.
Además, el diputado nacional y titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, manifestó: “El profesor de derecho sale por cadena nacional a repetir mentiras y bastardear la división de poderes. Aunque les duela, vamos a seguir denunciando sus intentos de llevarse puesta la República”.
También se refirió al mensaje la diputada María Eugenia Vidal, quien aprovechó para reprochar por la situación económica: “El dólar en $470, la inflación interanual en 104,3%, la pobreza en 39%… ¿El Presidente? En Cadena Nacional amenazando a los jueces de la Corte Suprema”, escribió.
Otro de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) que opinaron sobre lo dicho por Fernández fue el diputado nacional y presidente del bloque UCR, Mario Negri, quien señaló: “Señor Presidente, no es esta la primera vez que se entromete en facultades de la Justicia y por ello hay pedidos de juicio político en su contra en el Congreso que usted ordena que no se traten. Quien viola la Constitución es usted cuando no acata fallos de la Corte Suprema”.
El Gobierno salió al cruce la Corte Suprema por la suspensión de las elecciones de San Juan y Tucumán con una dura crítica al tribunal, al considerar que los fallos representan una «clara intromisión en el proceso democrático».
La resolución judicial reavivó la pelea entre la Casa Rosada y el alto tribunal, que decidió dejar en suspenso los comicios de dos provincias con gobernadores peronistas a cinco días de su realización.
«En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo», expresó Presidencia en un comunicado.
Tras la decisión del máximo tribunal, el Gobierno enfatizó: «Estamos junto a los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur frente a este nuevo atropello y vamos a acompañar a las provincias en sus reclamos democráticos. Es imperioso que la Corte de Justicia de la Nación deje de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y deje a la gente votar».
«Ayer el ex presidente Mauricio Macri, ante las derrotas electorales que la derecha macrista y los autodenominados libertarios sufrieron en las elecciones del pasado domingo, acusó a las provincias argentinas y a sus gobernadores electos y ciudadanos de ser parte de una rémora feudal», afirmó la administración que encabeza Alberto Fernández.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que desde su gobierno se presentó una denuncia penal contra la distribuidora de energía Edesur por los extendidos cortes de luz que están sucediendo en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires desde hace días.
«Que te falte la luz tantos días ya no es una molestia, es un riesgo para la salud y para la vida. Y los responsables tienen que hacerse cargo. Por eso, presentamos una denuncia penal contra Edesur», confirmó el alcalde porteño en un hilo de Twitter.
Si bien aclaró que la Ciudad no tiene «jurisdicción sobre la energía, destacó que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para «acompañar a los vecinos» damnificados mediante una serie de acciones.
«Llevamos grupos electrógenos a los hospitales y geriátricos y a las personas electrodependientes para cuidar su salud», precisó.
«Además, estamos garantizando el acceso al agua en el sur y el oeste de la Ciudad donde ya llevamos varios días entregando agua potable, llenando tanques y dando asistencia técnica para reparaciones urgentes», agregó.
Rodríguez Larreta remarcó que «en la Ciudad, como en tantos lugares del país, hay miles y miles de personas que todavía están con la angustia de no tener luz».
«Así, nadie puede vivir. Se pudre la comida, te quedás sin agua, hay adultos mayores, chicos y electrodependientes que no pueden seguir esperando», agregó.
El Tribunal responsable del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa confirmó hoy que el veredicto se conocerá el próximo lunes 6 de febrero, donde se develará el fallo para los ocho imputados por el homicidio del joven estudiante de abogacía.
María Claudia Castro, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, confirmó esta tarde, que ese día a las 13 se conocerá la sentencia.
En tanto, se especulaba con que la fecha del fallo iba a ser a fin de mes, el 30 ó 31 de enero, pero se postergó una semana.
Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García solicitaron prisión perpetua para los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa.
«Se los acusa a todos por igual por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones”, indicó Dávila.
En sus pedidos de condena ambos fiscales dieron a conocer los motivos por los cuales los ocho acusados son coautores del asesinato. Allí manifestaron que «todos hicieron todo para atacar y matar a Fernando».
Durante casi cuatro horas que duraron los alegatos de la fiscalía, los letrados se explayaron en las pruebas y testimonios que se presentaron en las 13 audiencias del juicio.
Allí realizaron el uno por uno sobre la responsabilidad y el rol de cada uno de los imputados en el ataque y crimen y se pudo saber con mayor detalle la participación de cada acusado.
Asimismo y al finalizar, Dávila solicitó una investigación aparte contra Juan Pedro Guarino y Thomas Colazo por «falso testimonio» al declarar que no se acordaban lo ocurrido a pesar de haber estado a metros de donde ocurrió el ataque y crimen: “No se acordaron de nada… No tengo dudas de que por una omisión, mintieron”.
El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, víctima de una brutal golpiza a la salida de un boliche en Villa Gesell en enero de 2020, continuó este lunes con la declaración de varios testigos, entre los que se destacó el forense que le practicó la autopsia a la víctima.
Dos de los principales testimonios fueron el de la médica ambulancista que asistió a Fernando tras ser atacado, quien declaró que el joven “no tenía posibilidad de sobrevida” debido a las lesiones sufridas, mientras que el forense que realizó la autopsia al cuerpo, dijo que las “más importantes” estaban en el cerebro, confirmó que tenía la marca de una zapatilla en la cara y aseguró que “nunca” había visto “nada semejante”.
Carolina Giribaldi Larrosa, integrante del equipo de emergencias que asistió a la víctima en la madrugada del 18 de enero de 2020, explicó ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, que “no tenía signos vitales” cuando llegaron al lugar del ataque, y que tenía “pupilas midriáticas (dilatadas), no tenía reflejos, ni movimientos respiratorios, y no tenía pulso”.
La médica precisó que “lamentablemente no hubo ninguna respuesta” de Báez Sosa ante la asistencia recibida, y aseguró que en sus 18 años como emergentóloga nunca vio “el deceso de una persona como consecuencia de las maniobras de compresión de RCP” como las que le realizaron. Además, la médica salió al cruce de una idea que buscó poner en debate la defensa de los rugbiers y descartó que “la reanimación le haya provocado la muerte a Báez Sosa”.
En tanto, el médico de Policía Científica, Diego Duarte, quien realizó la autopsia al cuerpo en el Hospital de Pinamar, declaró que presentaba “múltiples lesiones en la zona del maxilar derecho”, “hemorragia en el cerebro y cerebelo” y “hemorragias y hematomas”.
Este duro panorama que trazó el profesional hizo que los padres de Fernando se retiraran por unos minutos de la sala principal. Mientras se exhibían imágenes muy fuertes del cuerpo de Fernando en una pantalla, sacadas durante la autopsia, los padres no estuvieron en la sala de audiencias.
“Nunca vi nada semejante”, agregó más tarde, visiblemente conmovido, ante los periodistas que lo esperaban en la puerta de los tribunales cuando salió tras testimoniar.
Un contrapunto en la jornada fue cuando la fiscalía pidió incorporar fotos del celular de Duarte a la causa, pero la defensa de los rugbiers se opuso. Finalmente, el tribunal no hizo a lugar, por lo que las imágenes no se sumaron.
La justicia federal de Bariloche dispuso un allanamiento a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado en octubre pasado a ese lugar por un grupo de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín.
El operativo para secuestrar documentación y elementos de interés para el expediente lo realizó personal de fuerzas federales de seguridad, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.
La medida se produjo en el marco de la causa en la que la fiscal María Cándida Etchepare imputó a los jueces y funcionarios que participaron de la escapada sureña.
La fiscal había impulsado la investigación la semana pasada después de llevar a cabo una pesquisa preliminar en la que declaró el presidente de la empresa Hidden Lake S.A., que es la que administra Lago Escondido.
“El nombrado cumplió con el requerimiento efectuado y aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de USD 605 cada una, que acorde a la cotización imperante al 28 de octubre del año en curso en que fueron emitidas, equivaldría a $97.707,5”, sostuvo la fiscal.
“Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”, sostuvo.