El Gobierno decretó la emergencia energética
El Gobierno nacional declaró este lunes la emergencia en el sector energético por un año, lo que implica una revisión tarifaria que derivará en aumentos, y dispuso la intervención de los entes reguladores de electricidad y gas, el ENRE y Enargas.
Lo hizo mediante el Decreto 55/2023 publicado en el Boletín Oficial bajo las firmas del presidente Javier Milei y su Gabinete, y la medida correrá hasta el 31 de diciembre del 2024.
Tal como dispone el artículo 1°, la emergencia fue declarada en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución.
El decreto considera que, debido a “la situación en que esta gestión de Gobierno recibió el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro”, es preciso adoptar medidas “de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el adecuado suministro a toda la población del país”.
El decreto instruye a la Secretaría de Energía de la Nación a establecer los mecanismos para la “sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural”.
Además, el DNU determina el inicio de la revisión tarifaria y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios que resulten de este proceso no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024.
Además, se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a partir del 1 de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio.
Hasta tanto concluya el proceso de revisión tarifaria podrán aprobarse “adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos”, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados, a cuenta de lo que resulte de la revisión tarifaria dispuesta en el citado artículo 3.
El DNU También dispone la intervención de los entes reguladores del sector (ENRE y Enargas) a partir de enero próximo, hasta que se designen los nuevos directorios según los procesos de selección que deberá implementar Economía en 180 días.
Los interventores tendrán como principales misiones informar sobre el estado de situación heredado e iniciar la renegociación de tarifas contemplando participación ciudadana, a la vez que deberán considerar recomendaciones previas de los órganos de control externo sobre revisiones tarifarias y contratos de concesión.
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