El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó una serie de reuniones con gobernadores patagónicos y el de Córdoba con la intención de destrabar las negociaciones para conquistar los apoyos necesarios en el Senado para la Ley Bases.
En primer lugar, recibió en su despacho al cordobés Martín Llaryora, quien llegó a Casa Rosada con una serie de reclamos por la situación de la obra pública en su provincia. Al término, hizo su ingreso el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y cerró la tarde con la visita del neuquino, Rolando Figueroa.
Con los últimos dos, Francos acordó el traspaso de obras públicas en ejecución que quedaron paralizadas para que ellos puedan finalizarlas, y se sumaron así a los convenios celebrados por el mismo tema con las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Chaco.
Tras su ascenso a jefe de ministros, Francos continúa a la cabeza de la búsqueda de acuerdos para la media sanción en el Senado del proyecto de ley y el paquete fiscal.
Por su parte, Llaryora insistió en el reclamo de avanzar con el traspaso de obras públicas nacionales, actualmente paralizadas, con el objetivo de completarlas desde el Gobierno provincial. Se trata de un pedido transversal que une a los mandatarios provinciales a pesar de sus diferencias ideológicas.
Luego de seis meses de congelamiento, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resolvió hoy otorgar un aumento del 80% en tres cuotas a los diputados nacionales.
La dieta que reciben los legisladores de la Cámara baja, que no llega al millón y medio de pesos netos y es significativamente menor a la que perciben los senadores nacionales, no se mueve desde noviembre del año pasado, pese a la disparada de los precios durante los meses del verano.
Menem se reunió con los jefes de bloques opositores con el objetivo que respalden su propuesta de aumentar las dietas en un 80 por ciento en tres cuotas. stintas fuerzas políticas Desde Unión por la Patria, la UCR y sectores de Hacemos Coalición Federal le pedían que el aumento fuera mayor, como para acercarse a lo que cobran los senadores, pero el riojano se plantó en el 80% para no generar tensiones con el Gobierno nacional, que sigue enarbolando la máxima de que “no hay plata”.
La resolución llevará la firma de Menem en soledad ya que los bloques de la oposición no quieren cargar con el costo político de un aumento que será “impopular” en la opinión pública.
Fuentes parlamentarias de Hacemos señalaron a NA que no están de acuerdo con la propuesta de Menem ya que contempla un incremento del 80 % en las dietas en tres cuotas cuando la inflación desde que asumió el presidente Javier Milei ya llega a un 127 % y tampoco que les paguen la mitad que a los senadores.
Solo en el último mes las variaciones fueron de entre 13,42% y 14,03%, por encima tanto del avance de la inflación (11%) como de la Canasta Básica Total (11,9%) y la Canasta Básica Alimentaria (10,9%).
Desde el comienzo de 2024, el costo de criar un hijo, que el Indec denomina “Canasta de Crianza”, aumentó casi un 50%. Así, de acuerdo con la edad del niño, una familia necesitó entre $ 282.025 y $ 355.836 durante marzo.
El informe contempla cuatro presupuestos según la edad de los menores. Los valores vigentes son los siguientes:
Menor de 1 año: $ 282.025
De 1 a 3 años: $ 335.312
De 4 a 5 años: $ 249.458
De 6 a 12 años: $ 313.672
En lo que va de 2024 se registraron incrementos de entre el 31,73% y 46,61% dependiendo de la categoría. Tan solo en el último mes, las variaciones fueron de entre 13,42% y 14,03%, por encima tanto del avance de la inflación (11%) como de la Canasta Básica Total (11,9%) y la Canasta Básica Alimentaria (10,9%).
La Canasta de Crianza del Indec se calcula en base a dos aspectos: el costo de los bienes y servicios necesarios, como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, por un lado, y el costo del tiempo requerido para el cuidado de los menores, por otro.
Solo en el último mes las variaciones fueron de entre 13,42% y 14,03%, por lo que la Canasta de Crianza se incrementó por encima de la inflación, que rondó el 11% en marzo, de la evolución de la Canasta Básica Total, que subió 11,9%, y de la Canasta Básica Alimentaria, que experimentó una suba del 10,9%.
Finalmente, si se compara el valor de la última Canasta Básica de Crianza en relación con el Salario Mínimo Vital y Movil ($ 202.800), se puede observar que en marzo, el salario mínimo sólo alcanzó para cubrir el 67% de los costos de criar a un niño, mientras que a valores actuales, ya se lleva casi el 50% del salario promedio ($ 619.007).
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aprobó un incremento en la dieta de los diputados nacionales a partir del pago del próximo mes del 80%, que se pagará en tres cuotas.
Con este incremento, y tomando en cuenta una dieta promedio de 1,2 millones de pesos, los 257 legisladores nacionales pasarán a tener, una vez que se completen las tres cuotas, un ingreso promedio de 2.2 millones de pesos bruto.
Según publicó el portal Infobae, la Casa Rosada se opone a la decisión adoptada en Diputados y habían rechazado la posibilidad de un aumento cuando se habían empezado a gestar las negociaciones.
A pesar del incremento que propuso el presidente de la Cámara, persiste el rechazo de casi todos los bloques que exigen ingresos similares a los que tienen los Senadores de la Nación que están en unos $8 millones de pesos bruto.
Cabe señalar que el acuerdo en Diputados se realizó una semana después del incremento que percibieron en las dietas los miembros del Senado de la Nación y se oficializaría en una sesión que prevé discutir un nuevo sistema jubilatorio y la emergencia presupuestaria de universidades.
El DNU que publicó el Gobierno nacional el viernes pasado a última hora, en el que se indicaba que los haberes previsionales se iban a empezar a ajustar por la inflación, dejaba afuera un ítem: el bono de $ 70.000 que cobraban aquellos que tienen una jubilación mínima. Como esa cifra servía para llevar esa prestación al tope de $ 204.445,30, faltaba ver si, con la nueva cifra ajustada de jubilación, se modificaban el bono o el tope. Esto último es justamente lo que sucederá, de modo que el nuevo tope al que se llegará con el bono será de $ 241.216.
Tanto la decisión sobre el bono de $ 70.000 que ya fue cobrado en marzo, como la que marca el incremento de las jubilaciones, fueron llevadas a cabo a través de sendos decretos. Ayer, el Gobierno informó que lanzará un tercer decreto para modificar el tope de las jubilaciones mínimas sin tener que modificar el valor del bono.
Según Economía, el bono de $ 70.000 se mantendrá sin cambios pero el nuevo decreto modificará el tope de $ 204.445 para los jubilados de haberes mínimos. Así, como esta prestación subirá de $ 134.445 a $ 171.216, al sumar el bono se llegará a $ 241.216, frente a los $ 204.445 de marzo.
Si bien la jubilación mínima sube un 27,35% pero el bono sigue igual, el aumento real de bolsillo será en definitiva del 18%.
Con la nafta premium ya por encima de los $1.000, los exhaustos bolsillos de la población sufrirán un nuevo impacto, ya que los combustibles volverán a subir tras Semana Santa y le pondrán más presión al costo de vida de abril.
La nafta y el gasoil tendrán otro aumento de al menos un 4% en abril por la suba de impuestos a los combustibles.
Pero sobre eso, las petroleras también aplicarían un ajuste que compense la devaluación mensual del peso contra el dólar (+2% en el tipo de cambio oficial).
La actualización está prevista desde febrero, cuando el Gobierno descongeló los impuestos a los combustibles para obtener una recaudación tributaria anual cercana a los 3.000 millones de dólares o 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), el equivalente al 10% del ajuste fiscal que buscan Javier Milei y Luis Caputo este año.
Según datos de las estaciones de servicio, desde el 1 de abril el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) aumentan un 34,8%, por lo que habrán acumulado un 376,61% desde principios de año.
Se trata de la normativa vigente, que traslada la inflación del trimestre julio-septiembre 2023.
En términos nominales, los impuestos a la nafta treparán $ 29,96 en todo el país, y al gasoil, $ 20,39.
El Gobierno anunció que impulsará cambios en Seguridad Interior, que incluirán desde darle más poder a las Fuerzas Armadas hasta penar con prisión a los organizadores de piquetes y bloqueos. Así lo hicieron saber los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) en conferencia de prensa, donde anunciaron un paquete de leyes que enviarán al Congreso para su aprobación.
Entre las iniciativas que desde la Rosada impulsan están la legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos.
En primer término, Petri hizo referencia a la ola de violencia narco en Rosario y a la necesidad de atacar la problemática que hizo que el Gobierno movilizara a diferentes efectivos al lugar. “Estamos modificando la ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones para devolverle la paz a los rosarinos en los supuestos de terrorismo”, argumentó.
De conseguirse la aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado, las Fuerzas Armadas quedarán habilitadas a patrullar, controlar a las personas y vehículos, realizar tareas de prevención de delitos y aprehender en flagrancia “dando intervención inmediata a la Justicia”, explicó el ministro. Y dijo también que tendrán la posibilidad de usar los medios coercitivos que ya rigen para las fuerzas de seguridad. “No se usarán para delitos comunes. Si no en actos de terrorismo y con anuencia del gobernador en cuestión”, aclaró.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) lanzó hoy un paro de 72 horas en todas las plantas de la industria siderúrgica del país durante un escrache realizado en Campana contra el CEO de Tenaris, Paolo Rocca, a quien acusan de trabar la paritaria del sector. El empresario había anunciado por su parte descuentos de $240 mil a trabajadores que se plegaron a una medida de fuerza previa.
La serie de paros tiene en jaque al cordón industrial del norte bonaerense, donde el grupo Roca tiene varias plantas, en Villa Constitución, Zárate, San Nicolás y Campana. Se trata de una disputa que ya produjo 72 horas de paro y un corte en la AU 9 cerca del predio donde en ese momento se llevada adelante EXpoagro, por el cual la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, activó el protocolo para despejar las vías de comunicación.
A esa protesta le siguió hoy una manifestación en Campana encabezada por los trabajadores de la planta local de Siderca pero de la que participaron trabajadores de otras fábricas y estuvo encabezada por el secretario general de la UOM, Abel Furlán. Allí se lanzó el paro de 72 horas que comenzó hoy mismo y se enfatizó el repudio a Rocca que según dijeron fuentes de la UOM a DIB es quién traba un acuerdo en paritarias.
Los siderúrgicos piden un incremento del 75% salario, ya que no tiene aumentos desde diciembre del año pasado. “Después de reclamar durante 90 días, decidimos ir al paro”, explicó a DIB una fuente del gremio. En ese período, la inflación según midió el Indec fue del 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,5% en febrero.
Por su parte, Rocca había avisado, en comunicación con el medio local Campana Noticias, que los trabajadores que participaron en las tres jornadas de huelga previas a la seguidilla que arrancó hoy recibirán cada uno un descuento en promedio de $240.000. “El paro afecta la relación de la empresa con sus clientes, pero también a las familias de los trabajadores. Para quienes acataron estos tres días de huelga, les representa una pérdida sustancial”, dijo el empresario.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó hoy en Casa Rosada la reforma Procesal Penal Federal que -sostuvo- pretende «una transformación absoluta de la Justicia» e incluye el juicio por jurados y cambios en el Código Penal.
«Queremos que en el gobierno de Javier Milei, y él me lo pidió personalmente muchas veces, transformemos la Justicia con división de poderes, independencia y eficacia. (El jefe de Gabinete) Nicolás Posse me habla de ‘mano justa'», sostuvo el funcionario en una conferencia de prensa en la sede gubernamental.
El anuncio, que fue calificado por el ministro como un «momento histórico en la Argentina», busca constituir un ordenamiento en todo el país similar al que ya se implementa en Jujuy y Salta desde 2015 y consideró que es «idóneo y eficaz» y que implica pluralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo ni tiempo».
Al explicar el alcance de la reforma, el ministro detalló: «Si sos víctima de un delito, interviene un juez que puede delegar la causa en un fiscal o quedársela de forma selectiva. A partir de ahora, toda causa va al Ministerio Público que analiza si vale la pena investigar la causa o es insignificante; si se puede plantear un juicio abreviado o una conciliación».
«Al Tribunal Oral llegan los hechos de mafias y, con celeridad, se lleva a cabo el juicio», prometió.
El Gobierno avanza en el desmantelamiento de dos nuevos organismos estatales que dejará el saldo de nuevos 900 despidos. Así lo informó hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien reveló que se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
Según precisó el funcionario, la resolución se tomó luego de una revisión de “datos calamitosos, profundamente desoladores” sobre ambos organismos que empleaban a 964 trabajadores, lo que se redujo a dirección que nucleará a 64 empleados. «Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, subrayó al respecto.
Adorni cuestionó “la fiesta que había del gasto público” y planteó que había «160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.
«Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”, denunció además.
La decisión que llevará adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, va en sintonía con la intención de cerrar la agencia de noticias Télam, del INADI y los recortes en PAMI.