«No está tan avanzado el sistema informático» en la provincia de Buenos Aires.
Lo sostuvo el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Javier Miquelez.
De esa manera contradecía las recientes expresiones del presidente del Colegio de Abogados, Dr. Pablo Rasuk (Ver nota aparte).
Explicó que el dirigente de un ente colegiado de otra departamental había expresado que «el sistema no funciona. Y eso es real».
A modo de ejemplo citó que hay «muchos expedientes de Laboral que no están digitalizados».
Sobre la posibilidad que empleados judiciales trabajen desde sus domicilios añadió que «no cuentan con los elementos para hacerlo».
Además, «estamos en una situación particular, abogados, judiciables y trabajadores independientes».
EL SISTEMA NO ESTA PREPARADO
«Lo que está claro es que hay un responsable y es la Corte (provincial), que no se hace cargo de nada ni tiene sistema informático preparado».
En la actualidad «se trabaja con guardias mínimas», explicó Miquelez
«Hay compañeros en el edificio y nosotros (el gremio) verificamos que se cumplan las normas de seguridad en cuanto a medidas sanitarias».
OTROS PROBLEMAS
Aunque los mencionados no son los únicos problemas
Recordó Miquelez que «cuando se está en funcionamiento, el Poder Judicial no depende de él mismo. Requiere de otros organismos públicos que hoy están cerrados».
A distancia se trabaja, «pero muy poco».
«Para hacerlo en forma remota, por cuestiones obvias de seguridad, se necesitan las claves».
«Y no son muchos en la provincia los que están habilitados. Ni siquiera los trabajadores».
Ante la epidemia COVID 19, «no creo que el problema sea la Justicia. Hay otros mas serios».
Y «si volvemos o no, no pasa por nosotros, concluyó Javier Miquelez en diálogo con LT 20.
El servicio de justicia, «podríamos decir que está en pausa, sería representativo para saber cuál es la situación».
El Dr. Pablo Rasuk, presidente del Colegio de Abogados explicó que desde un principio «bregamos junto a otros efectores para que esta tutela vuelva a su cauce normal».
Destacó por ello que «desde la utilización de medios digitales -la Provincia es una de las más avanzadas y una de las mejores preparadas-, estamos desde hace casi dos años con el sistema en funcionamiento».
Y»por esto entendemos que se debe retomar el cauce normal. Respetando las medidas sanitarias».
Y es posible desde «la tecnología y no lo presencial».
En principio, entiende Rasuk, se está avanzando. «Consideramos que la situación es critica. Por eso tomamos una actitud mas dura desde principios de esta semana».
Y ya habría una «promesa de la Suprema Corte, de una apertura paulatina. La idea de poner en funcionamiento más puestos de trabajo remoto».
En la actualidad «hay tres mil habilitados y se quiere llegar a siete mil, para que jueces, funcionarios, empelados, puedan hacer funcionar el servicio desde el domicilio».
POSICIÓN GREMIAL
Respecto de la posición gremial, Rasuk enfatizó en lo crítica de la situación.
«No tenemos más tiempo. Estamos con la mirada puesta en los matriculados. Somos sesenta y cinco mil familias en la provincia que prácticamente está sin ingresos. Y además, repercute en expedientes parados y en la necesidad de los justiciables».
La decisión tomada por la Justicia de Junín de excarcelar a unos de los autores que propinó fuertes golpes a ancianos en entraderas, en los últimos meses, provocó asombro y descontento en el ámbito municipal. El Secretario de Seguridad, Andrés Rosa, subrayó que este sujeto, portador de antecedentes penales, recuperó la libertad en las últimas horas y esto hizo que el Fiscal Sergio Terrón solicitara la apelación del caso.
El abogado Rosa confirmó al Grupo La Verdad que se trata del mismo sujeto que asesinó de un disparo de arma de fuego al vecino Abel Alaniz (67 años), quien en ese momento, estaba en su negocio de calles Siria y Paso. Este homicidio ocurrió en el año 2007.
Las recientes entraderas se dieron en los domicilios de calle Alemania 313, Malvinas Argentinas 170, calle Iwan cerca del Club Atlético Sarmiento y en Brasil al 34. En todos los casos, con similares características: ladrones armados y encapuchados, salvajes golpes a personas de la tercera edad y hurto de dinero y otras pertencias.
Presentación del Plan de Seguridad 2019 – 2023
La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Junín mostró a Concejales y disertó sobre el Plan de Seguridad que se está desarrollando en el Distrito. Su titular, Andrés Rosa, explicó que fueron «casi cuatro horas intensas y productivas de reunión». Este programa que se implementó, desde su gestión, intenta articular con otros estamentos como Justicia y Servicio Penitenciario poniendo especial atención en la prevención y en el acompañamiento y asesoramiento al vecino.
Lo expresó, el representante legal de la familia Colo. Darío De Ciervo explicó que, en el año 2017, el condenado había presentado una solicitud de beneficio laboral que fue rechazada y, en 2018, hizo un nuevo pedido. Ante una resolución, el Ministerio Público Fiscal, se interpuso un recurso de casación. Es decir, la realidad procesal es que en el Juzgado de Ejecución de Junín (que es el que tiene que resolver, en definitiva, el pedido del penado) tiene que esperar que la causa venga, o sea, que el recurso de casación aún no tiene sentencia con respecto a esta acción que presentó la Fiscalía.
«Desde el punto de vista procesal, no hay en este momento, una decisión tomada con respecto a los pedidos de José Luis Correa. Luego, viene todo un proceso de rutina que son los conocidos informes psicológicos, psiquiátricos, etc.. En lo concreto, este tipo de comunicaciones, se van haciendo periódicamente y tienen fecha de vencimiento. Un informe de 2019 en 2020 es riesgoso tomarlo como actual para tomar una determinación; entiendo que deberían ser actualizados», remarcó De Ciervo.
Homicidio
Claudia Colo tenía 25 años cuando la asesinaron un 15 de enero del año 2000. Un día después, la joven, fue encontrada estrangulada con una remera y dentro de bolsas de consorcio en la compañía de seguros donde trabajaba, ubicada en calle Rivadavia cerca de la Terminal de Ómnibus. La Justicia confirmó que el móvil del crimen había sido robo, ya que, Correa conocía los movimientos de la empresa por prestar, en ese mismo lugar, servicios de informática.
La titular de la Fiscalía Departamental N° 4 manifestó que «en primer lugar, no hay sentencia condenatoria para el taxista Cristian Petricio. Se firmó un acuerdo de juicio abreviado». Paola Luján agregó que «se acompañó esta conformidad en la celebración tanto del imputado como de la defensa de la Fiscalía y de la anuencia particular damnificada en representación de la víctima. Pactamos que sea el Tribunal quien resuelva, conforme a todas las constancias que obran en la causa, toda la prueba que hay en el expediente. Con eso, el Juez va a dictar la sentencia».
Se pactó también la pena que es de 11 años. Hay que esperar para ver si es condenatoria y que monto va a fijar, o sea, 11 años o menos. La causa está caratulada como abuso sexual con acceso carnal consumado y lesiones leves calificadas por violencia de género. La fecha para resolver la sentencia todavía no fue estipulada. «El imputado tiene una abogada que no es de Junín, entonces, se va a pactar con ella cuando puede venir. Por lo tanto, se procedería a la lectura de la misma, la próxima semana», explicó la funcionaria judicial.
El hecho
El domingo 4 de noviembre de 2.018, una menor de 16 años resultó víctima de un hecho de abuso. En aquella oportunidad, la joven tomó un taxi en la puerta de la confitería «Brook», ubicada sobre calle Benito de Miguel, que era conducido por Cristian Emiliano Petricio, quien luego fue denunciado por tentativa de abuso sexual. A raíz de la compatibilidad de los estudios de ADN, el hombre fue detenido el 12 de noviembre.
Por este mismo hecho, el fiscal de Chacabuco Dante Nicolai, juzgó a cinco personas más, entre funcionarios de seguridad y Policía Científica, con diferentes niveles de acusación por los fallecimientos de María Sol Medialdea (19) y Miguel Ángel Colombo (57). En este mismo siniestro vial, sufrieron lesiones los dos hombres que circulaban en una Partner. Del Bora, quedaron con gravísimas heridas Milagros Medialdea, Delfina Colombo y su madre, Alejandra Orrico. «Había existido una apelación por parte del asesor letrado de Quispe Viza y lo que se hizo oficial fue una confirmación de condena. El sistema prevé que ante una sentencia, la persona tenga derecho a un segundo control de la primera decisión. Lo que establece el Pacto de San José de Costa Rica se encuentra instrumentado en la Provincia de Bs. As a través del Tribunal de Casación y es quien revé las determinaciones de los Tribunales de Primera Instancia. La defensa de Quispe Viza planteó el recurso de casación y ésta confirma la sentencia. Lo que podría haber ocurrido, que tengo entendido no se efectivizó, es que se hubiera apelado ante la Corte Suprema. Como no se concretó, en consecuencia, la resolución pasa a tener el carácter de cosa juzgada, o sea, es irreversible», explicó Nicolai.
Accidente
El choque entre dos vehículos que dejó dos víctimas fatales ocurrió el 3 de marzo de 2016 en RN7 a la altura del km 232. Fue entre una Partner y un auto Bora. En la Peugeot, viajaban desde Rufino David y Freddy Quispe, hermanos de nacionalidad boliviana. En su momento, se confirmó que habían tomado cuatro botellas de cerveza y comprado otras dos en Saforcada. Los testigos argumentaron que venían haciendo zigzag. No hay que olvidar que, también se dio en esta causa el cambio de pruebas. En un principio, la sangre extraída a David Quispe Viza no registraba alcohol en sangre, a pesar de que los declarantes destacaban el olor que se les sentía. José Ovidio Quispe Viza reconoció haber pagado 40 mil pesos para que se cambie la sangre para evitar que la pericia arrojara resultado positivo que fue lo que luego sucedió. En consecuencia, el fiscal de Chacabuco Dante Nicolai, imputó a funcionarios de seguridad.
Carolina iba de copiloto con cinturón de seguridad en el Ford Ka que conducía Mirian Fernanda González que también lo llevaba colocado. En el asiento trasero, quien resultó ser la víctima fatal, estaba la profesora Paulina Huichaqueo. El accidente ocurrió en la madrugada del sábado 14 cuando las tres mujeres que tenían como destino Junín ( regresaban del Balneario Municipal ) fueron embestidas de atrás por una Renault Kangoo, conducida por Silvia Falcón, quien se desempeñaba como policía. «Espero justicia por Paulina; fue como un crimen», manifestó Lovage quien se repone de sus cuatro costillas fracturadas además de su actual estado emocional producto del impensado momento que les tocó vivir. «Soy muy miedosa, no me gusta viajar de noche, voy mirando todo y nunca vi que viniera nadie de adelante ni de atrás; de repente un impacto de la nada. Siempre estuve consciente; recuerdo todo. Salí del auto con el celular en la mano, dolorida y me senté a llamar para pedir ayuda. La mujer que nos chocó nunca se acercó. Siempre estuvo parada sin decirnos nada. Y después, internada conmigo, tampoco lo hizo».
La Municipalidad realizó el pedido formal para exonerar a la efectivo Silvia Falcón. La comisario presentaba una graduación alcohólica de 0,8 mg/l, un número superior al permitido por ley. «Fue un escenario tremendo. Logran sacar a Paulina del auto. Fernanda, que tiene 20 años, le hizo RCP ( Reanimación Cardiopulmonar). Un guardavidas también se acercó y le practicó Reanimación. Me cuesta creer lo que pasó. Pensé que Paulina iba a quedar internada conmigo, no este desenlace fatal», confesó Carolina Lovage. Una de las cámaras de seguridad que hay camino al Parque Natural muestra a dos autos que pasan, el día del accidente, a la kangoo. Fiscalía está pidiendo a sus ocupantes que se presenten para aportar datos.
Los asesores letrados del ex Comisario Donza apelarán la condena impuesta por el Tribunal Oral Criminal 1 de Pergamino.
Junto al ex funcionario policial, por entonces titular de la Comisaría Primera donde se produjo el incendio, otros cinco efectivos recibieron diferentes penas.
Como se recordará, en marzo de 2017, tras una revuelta en los calabozos de la dependencia de seguridad, comenzó un incendio provocado por detenidos.
Había en ese momento 19 personas. Siete de ellas perdieron la vida por inhalación de monoxido de carbono.
En diálogo con LT 20 radio Junín, uno de los abogados de Donza, Federico Mastropierro, confirmó que junto al Dr. Carlos Torrens apelarán la resolución.
Además, el abogado brindó detalles de la causa y porqué entienden que no hubo abandono de persona.
La misma posición habrían adoptado los letrados patrocinantes de los otros condenados.
Se trata de los ex oficiales Brian Carrizo, Matías Giulietti, Alexis Eva – 11 años, Sergio Rodas -8-, y Carolina Guevara – 6-.
Quienes perdieron la vida fueron Sergio Filiberto (27), Federico Perrota (22), Alan Córdoba (18), Franco Pizarro (27), John Mario Chillito Claros (25) -de nacionalidad colombiana-, Juan José Cabrera (23) y Fernando Emanuel Latorre (24).
Horas atrás presentó su segundo libro el Dr. Hugo Greco, titular de la empresa Intermed.
El profesional encabezó el evento junto al co-autor, Dr. Guillermo Oscos.
Poco antes de reunirse en el salón auditorio e OSDE, Greco se refirió al trabajo, en una entrevista mantenida en LT 20 radio Junín.
Cabe destacar que «El complejo mundo de la gestión II» se refiere, entre otros aspectos, a la «Capacitación y actitud. Los secretos del éxito.
El médico juninense no sólo habló del libro sino que profundizó sobre temas afines y relacionados directamente con el servicio que brinda desde la cobertura en emergencias médicas.
Pero también en la formación y capacitación indispensables para el mejoramiento en el servicio que se brinda.
Especialmente en el área que tanto Greco como Oscos conocen en profundidad.
La resolución de la causa que llevó adelante la justicia en el marco de la explosión de Avenida Primera Junta, en juicio abreviado, fue el tema analizado por el Dr. Javier Ochoaizpuro.
Durante la entrevista realizada en LT 20 Radio Junín, el fiscal que instruyó la IPP, detalló cómo se fue avanzando en la causa.
Habló de las consecuencias de la explosión, las consecuencias – un muerto y dos heridos-, la situación del único imputado.
Finalmente, se refirió al juicio abreviado, el acuerdo de las partes, el contacto que mantuvo con los afectados directamente.
Y sobre todo, describió cómo se comenzaron a implementar tales resoluciones judiciales y en qué beneficia no sólo a las víctimas sino además, al sistema.
Cabe recordar que el único imputado fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso.
Las víctimas fueron Carlos Martínez -fatal-, y con heridas de gravedad el kinesiólogo Alejandro Flores y Tomás Rogginkamp.